Desde hace cuatro meses más de 1.300 indígenas, que fueron desplazados por la violencia en sus territorios, viven en cambuches improvisados en el Parque Nacional, en Bogotá. Incumplimientos del Estado, falta de soluciones a la precaria situación y la violencia que persiste en sus zonas de origen los tienen sobreviviendo al frío, al hambre y a las enfermedades respiratorias. Radiografía de una crisis histórica.

Por: Nicolás Achury González

Ser madre a la intemperie

El 29 de septiembre de 2021, huyendo de la violencia de los actores armados y pidiendo un cese al abandono estatal, casi 500 familias pertenecientes a comunidades indígenas se asentaron en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Con palos, lonas de plástico negro e hilos para amarrar, Olga Arce, una indígena embera Chamí de Pueblo Rico, Risaralda, armó un cambuche para resguardar de la lluvia a sus tres hijas.

Olga Arce consiguió dos colchones, una estufa improvisada y un par de ollas que tiene en su lugar de resguardo, de no más de dos metros cuadrados. La ropa la dobla y la deja en el piso y en las noches se cubre con dos cobijas que le regalaron en una donación. Las condiciones de salubridad del resto de la comunidad no son distintas. Escasea el papel higiénico, el agua potable es limitada y, en ocasiones, los indígenas se deben bañar en la cañada del río Arzobispo, que atraviesa el Parque Nacional de este a oeste, tras bajar los Cerros Orientales. “La situación es muy difícil, sobretodo cuando llueve. Hay que aguantar el frío, la gripa, la fiebre, vivir acá es muy duro”, dice Olga Arce, mientras borda un par de aretes con chaquiras que vende para poder comprar comida.

Los días de sus hijas transcurren entre el humo de las fogatas de leña en las que, al igual que ella, otras familias indígenas cocinan sus alimentos. Los charcos de agua que deja la lluvia son el lugar de juego de los niños y niñas. Algunos descalzos y otros desnudos, a temperaturas muy bajas, corren por las zonas aledañas al parque expuestos al tránsito vehicular. En medio de esta situación, y a la espera de una reubicación que mejore la condición suya y la de sus hijas, Olga Arce resalta el liderazgo que han tenido las mujeres indígenas durante estos cuatro meses que han vivido en el Parque Nacional. “Una mujer es muy valiosa porque en la comunidad de nosotras los hombres son muy machistas, ellos piensan que nosotras no podemos hablar. Pero eso está cambiando, en esta situación hemos visto la iniciativa de compañeras que buscan un espacio para su voz en las decisiones que se tomen”.

El humo, la escasez de agua potable y las barreras en la comunicación han generado que los niños y niñas sean los más vulnerables. De acuerdo con María Violet Medina, una de las voceras de los indígenas, más de 80 niños han sido hospitalizados, alrededor de 10 han ingresado en una UCI y un bebé, de un año y nueve meses, falleció tras complicaciones en su salud. Ella tiene un hijo de dos años que fue hospitalizado por diarrea crónica al tomar agua en mal estado.

Vladimir Rodríguez, Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación en Bogotá, explica que el recrudecimiento de la violencia y el incumplimiento del Acuerdo de Paz en el país ha creado un nuevo ciclo de desplazamiento forzado interno. Según dice, “esto llevó a que Bogotá haya tenido un aumento en la recepción de víctimas del conflicto armado, llegando casi a los picos históricos”.

En la ciudad, según datos del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado (ODVCA), hay 19.265 personas que pertenecen a alguna comunidad indígena y, además, que tienen la condición de víctimas del conflicto armado. Pero, aunque se presente un nuevo ciclo de desplazamiento forzado, la crisis humanitaria de los indígenas en Bogotá no es nueva.

La Corte Constitucional, en su auto 004 de 2009, alertó que los emberas se declararon en emergencia humanitaria porque la guerra que se libraba en sus territorios había ocasionado “muertes, desapariciones, desplazados y amenazas, en particular muertes de líderes”. Entre 2011 y 2012, la llegada de emberas a Bogotá se incrementó debido al desarrollo del conflicto armado en Pueblo Rico y Mistrató, en Risaralda, y Bagadó, en Chocó.

Desde entonces, las comunidades indígenas, en específico la embera, empezaron a vivir en pagadiarios en barrios como San Bernardo y Santa Fe, en el centro de Bogotá. Para poder pagar estos inquilinatos de precarias condiciones de infraestructura e higiene, se rebuscaban a partir de la venta de artesanías y la mendicidad. Con la cuarentena estricta, entre marzo y mayo de 2020, las familias indígenas perdieron sus ingresos y fueron expulsadas de estos lugares. El parque Tercer Milenio fue uno de los primeros sitios en donde se asentaron 125 familias en cambuches improvisados.

El miércoles 26 de enero de 2021, Erminda Sintua Tunay, una mujer en estado de embarazo perteneciente a la comunidad indígena embera, caminaba junto con su hija de un año y medio por la vía entre Bogotá y Funza, cerca a la glorieta de Siberia. Su destino era una tienda de alimentos, pero ambas fueron atropelladas por un camión de Ecosiech, una empresa de manejo de basuras. El conductor del vehículo era Hidelbrando Rivera, quien fue linchado con palos y objetos contundentes momentos después del accidente. Rivera fue trasladado a un centro médico en Engativá y, posteriormente, falleció.

Unas semanas antes del accidente, Erminda Sintua decidió aceptar la oferta del Distrito de moverse a una Unidad de Protección Integral (UPI) en el parque La Florida, al noroccidente de Bogotá, cerca de Funza. Sintua vivía hace unos meses en los cambuches del Parque Nacional, pero ella y su hija se encontraban en condiciones críticas de salud por la mala alimentación.

El Parque la Florida es uno de los lugares que habilitó el Distrito como albergue temporal para las familias indígenas mientras se definía el regreso a sus territorios. Jairo Montañez, vocero de las comunidades, dice que las condiciones no son mejores que las del Parque Nacional y, además, asegura que las dotaciones de alimentación que ofrece la Alcaldía no son suficientes, por lo que las familias deben salir del lugar en busca de comida.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que el Distrito lleva más de cuatro meses ofreciéndoles a las comunidades indígenas atención humanitaria, sanitaria y de estancia temporal, mientras que “MinDefensa ha sido incapaz de garantizarles seguridad y evitar su desplazamiento y tampoco su retorno”. Por su parte, Diego Molano, ministro de Defensa, sostuvo que se ha garantizado el retorno de 1.100 indígenas que tenían la voluntad de retornar a sus territorios, pero que la reubicación de los que siguen en la capital es responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá.

Durante la tarde del jueves 3 de febrero, el Distrito intentó realizar la caracterización de las comunidades que permanecen en el Parque Nacional, pero se suspendió temporalmente luego de que se presentaran agresiones entre funcionarios de la Alcaldía de Bogotá e integrantes de las comunidades indígenas. El Distrito aseguró que reportará el caso a un juez para tener entre sus posibilidades la opción de un desalojo por ocupación del espacio público. Mientras se encuentra una solución, Olga Arce seguirá sobreviviendo con sus hijas a las precarias condiciones que se viven en el Parque Nacional.